Los esfuerzos del Gobierno por contener el déficit no han dado resultado. En 2012 el conjunto de administraciones públicas gastó unos 100.000 millones de euros más de lo que fue capaz de ingresar. Según ha anunciado este miércoles en el Congreso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el año pasado se cerró con un desequilibrio fiscal -sin contar las ayudas a la banca- equivalente al 6,7% del PIB.
La cifra, incorporando dichas ayudas, se situará entre el 9% y el 10%, lo que significa que España pasó a ser el el país de la eurozona con mayor déficit público.
A pesar de todo, Mariano Rajoy asegura que es un gran esfuerzo por parte de los españoles y que "Esto aumenta la confianza en España y hace que sigamos convencidos de que, aunque todavía no se han producido resultados, la política económica que llevamos a cabo es la buena", ha añadido Rajoy, quien ya anunció en el debate del estado de la nación que el déficit público cerró 2012 por debajo del 7% del PIB, frente al 6,3% fijado por Bruselas tras flexibilizar la cifra inicial del 4,4%.
El recorte del déficit en términos estructurales -sin contar el ciclo económico- ha sido significativo. En concreto, 3,5 puntos de PIB. Es decir, algo menos de 35.000 millones de euros.
El punto de partida del Gobierno de Mariano Rajoy no era, desde luego, el mejor escenario. El año 2011 se cerró con un déficit del 9,4%, sólo superado por Irlanda (13,4% del PIB). Grecia (9,4%) tuvo un desequilibrio igual al de España. El efecto de las ayudas a la banca sobre el déficit sólo se notará durante un ejercicio (2012) lo que significa que ya en 2013 se producirá un efecto escalón. El desequilibrio presupuestario bajará de forma importante sólo por este hecho.
Objetivo de déficit no conseguido
Los datos definitivos los enviará el Gobierno español entre hoy y mañana a Bruselas, según ha afirmado Mariano Rajoy. El Programa de Estabilidad 2012-15 del Gobierno español preveía un déficit del 5,3% el año pasado, lo cual se traduce en incumplimiento, por situarse debajo de la cifra definitiva. Según el Gobierno la desviación procede en su mayoría del comportamiento de las comunidades autónomas. Aunque también es probable que la Seguridad Social aporte algo.
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